EL AGUIJÓN
LA FRONTERA NO PUEDE VIVIR DE ACUERDOS QUE NO LLEGAN A
LA GENTE.
Por: Arturo Molina
Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela
La realidad que viven los tachirenses en nuestra frontera con Norte de Santander
está cargada de problemas que ya no admiten más reuniones sin resultados.
Durante años hemos oído hablar de integración, cooperación y acuerdos
binacionales. Todo eso es necesario, pero una frontera no vive de
declaraciones; vive de decisiones que lleguen a la gente. Los más de 17,2
millones de movimientos pendulares registrados por Migración Colombia entre
enero y mayo de 2026 muestran la intensidad de una relación económica y humana
que ningún gobierno puede desconocer. De ese total, más de 14,8 millones
correspondieron a Norte de Santander.
Esa interdependencia también tiene consecuencias. Cuando el venezolano
pierde capacidad de compra, el comerciante del otro lado de la frontera lo
siente; al disminuir el movimiento, también pueden resentirse el transporte,
los servicios y el turismo. En Cúcuta, comerciantes y gremios han reportado una
menor llegada de compradores venezolanos y caídas en las ventas, aunque señalan
que intervienen varios factores. No todo responde a una sola causa, pero hay
una realidad que no podemos ignorar: cuando disminuye el poder adquisitivo de
quienes diariamente participan en esta dinámica fronteriza, sus efectos
terminan sintiéndose a ambos lados. Surge entonces uno de nuestros problemas
centrales: el bolívar.
El salario mínimo legal permanece en 130 bolívares mensuales, monto
establecido en marzo de 2022. Es necesario precisar que hablamos del salario
mínimo base y no de bonos u otros componentes que puedan complementar el
ingreso de los trabajadores. Aun hecha esa distinción, su deterioro resulta
evidente. Al tipo de cambio oficial del 23 de septiembre de 2026, esos 130
bolívares representan aproximadamente 15 centavos de dólar. Su conversión a
pesos colombianos muestra igualmente la pérdida extraordinaria de capacidad
adquisitiva del salario base. No hace falta exagerar para entender lo que esto
significa. El problema deja de ser una discusión entre economistas y se
convierte en una pregunta de los ciudadanos: ¿cuánto vale el trabajo de una
persona cuando su salario pierde de esa manera su capacidad de compra?
En Táchira, esta realidad adquiere una dimensión particular porque el
peso colombiano tiene hoy un papel importante en la actividad económica,
especialmente en los municipios fronterizos. Pero el peso no creó la crisis del
bolívar; fue una alternativa ante una realidad que la propia dinámica
fronteriza terminó imponiendo. Cuando una moneda pierde valor y otra ofrece
mayores facilidades para determinadas operaciones, la población busca opciones.
Es lo que ocurre con el trabajador que recibe bolívares, pero debe comprar
productos valorados en pesos o dólares, con el pequeño comerciante que recibe
distintas monedas y necesita calcular diariamente sus costos, o con la familia
que cruza la frontera para trabajar, comprar o acceder a determinados
servicios. Confundir la consecuencia con la causa desvía la discusión de lo
verdaderamente importante: recuperar el valor de nuestra moneda.
Pero mientras el bolívar siga debilitándose, la frontera necesita reglas
claras para manejar esta realidad. Y aquí surge una pregunta que lleva
demasiado tiempo esperando respuesta: ¿por qué las casas de cambio siguen sin
convertirse en una alternativa plenamente operativa para el ciudadano? Durante
años se han anunciado avances y se ha reconocido su necesidad, pero la
población continúa enfrentando múltiples referencias cambiarias y un mercado
informal que ocupa el espacio dejado por la falta de una respuesta
institucional suficientemente eficaz. No se trata de atribuir intenciones que
no podamos demostrar, sino de pedir una explicación: ¿qué falta, desde el punto
de vista institucional, regulatorio y operativo, para que las casas de cambio
funcionen realmente en una frontera que las necesita?
Desde la Secretaría Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para
Venezuela consideramos que la respuesta debe comenzar con una primera medida:
establecer una mesa permanente de consulta y seguimiento para el eje
Táchira-Norte de Santander. No otra instancia para acumular reuniones y
fotografías, sino un espacio con agenda, responsables, plazos y seguimiento
público. Allí deben participar el Gobierno nacional y el Banco Central de
Venezuela, junto con las autoridades regionales y municipales, comerciantes,
productores, transportistas, trabajadores, sector turismo, universidades y
comunidades. Quienes viven la frontera tienen que ser escuchados cuando se
diseñan políticas que afectan su vida diaria.
La segunda medida debe ser garantizar información cambiaria pública,
clara y verificable. El ciudadano tiene derecho a conocer cuánto vale su
dinero. El trabajador necesita saber qué representa realmente su ingreso; el
comerciante requiere referencias confiables para calcular sus costos; y el
consumidor debe poder comparar. Una referencia transparente no resolverá por sí
sola las distorsiones existentes, pero puede reducir la incertidumbre,
facilitar las operaciones económicas y limitar el espacio para la especulación.
La tercera medida es avanzar hacia casas de cambio legales, funcionales
y capaces de operar bajo condiciones regulatorias adecuadas a la realidad
fronteriza. No se trata simplemente de autorizar establecimientos para
intercambiar billetes. Se necesita construir una infraestructura cambiaria
formal, con reglas conocidas, supervisión, registro de operaciones y
condiciones que le permitan ofrecer al ciudadano una alternativa real frente al
mercado informal. Ante quienes plantean prohibir el uso del peso colombiano por
las distorsiones que puede generar, debemos responder con sensatez: no podemos
resolver una realidad económica prohibiendo la herramienta que buena parte de
la población utiliza porque la necesita. El camino debe ser ordenar esa
realidad mientras Venezuela recupera el valor de su moneda. Y para recuperar el
valor de una moneda también hay que producir.
Por eso, la cuarta medida es producir para Venezuela y producir para
exportar. Los datos del intercambio comercial muestran la magnitud del
desequilibrio: entre enero y abril de 2026, Colombia exportó a Venezuela
alrededor de 329 millones de dólares, mientras las importaciones colombianas
provenientes de Venezuela se ubicaron en aproximadamente 32 millones de dólares.
Es decir, por cada dólar que Colombia compró a Venezuela, le vendió más de
diez. No podemos resignarnos a que nuestra frontera sea principalmente un
espacio para comprar lo que otros producen. Táchira tiene agricultura,
industria, servicios, turismo, talento humano y una ubicación privilegiada. Lo
que hace falta son condiciones para producir, invertir, generar empleo y
exportar. Una frontera que solo compra se vuelve dependiente; una frontera que
produce y vende fortalece su economía y su capacidad de negociación.
Aquí está, a mi juicio, el verdadero sentido de estas cuatro propuestas.
No se trata solamente de casas de cambio ni de pesos, dólares y bolívares. Se
trata de recuperar la capacidad económica de nuestra frontera y, con ella, la
confianza de los ciudadanos. Porque la soberanía también se fortalece cuando un
país produce, cuando el trabajo de su gente conserva valor y cuando sus
ciudadanos no tienen que vivir sometidos permanentemente a la incertidumbre
sobre cuánto vale el dinero que llevan en el bolsillo. La frontera tampoco
puede reducirse al comercio. Allí también están la educación, la cultura, el
turismo, el transporte, las familias y una historia compartida que nos obliga a
entendernos.
Colombia y Venezuela han creado mecanismos para avanzar en la
cooperación, pero los acuerdos necesitan continuidad, responsables y
resultados. Una firma puede abrir una puerta; no puede sustituir la voluntad de
ejecutar. Defender la soberanía venezolana no significa cerrar la frontera ni
convertir al vecino en adversario. Significa que Venezuela tenga capacidad para
gobernar su territorio, proteger a sus ciudadanos, defender el valor de su
trabajo y relacionarse con Colombia desde el respeto y la igualdad. Podemos ser
dos países soberanos y, al mismo tiempo, dos pueblos hermanados por la
historia, capaces de cooperar allí donde nuestros intereses coinciden.
Por eso Táchira no pide privilegios. Pide ser escuchado. Pide que las
propuestas dejen de diluirse entre reuniones y documentos. Pide una mesa
permanente que produzca resultados, información cambiaria transparente, casas
de cambio que funcionen y condiciones para producir y exportar. Pide, en
definitiva, que los acuerdos lleguen finalmente a la vida cotidiana de sus
ciudadanos. La frontera no necesita más promesas. Necesita decisiones que
lleguen a la gente. Y Venezuela necesita que el bolívar vuelva a valer.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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