EL AGUIJÓN
ENTRE LA ENTREGA TUTELADA, LA FARSA
DEL CRÉDITO Y EL DESPERTAR DE LA DIGNIDAD NACIONAL
Por Arturo Molina
Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos
de Soluciones para Venezuela
Venezuela vive hoy en un clima de permanente
zozobra que estremece a quienes observan la realidad sin las vendas del
fanatismo. Mientras algunos presentan la posibilidad de elecciones como si su
sola convocatoria garantizara los cambios que la ciudadanía espera, otros
negocian, bajo tutela externa, acuerdos que abren espacios a intereses ajenos
en torno a nuestro petróleo y demás recursos estratégicos. Durante décadas nos
hicieron creer que eran polos irreconciliables. Sin embargo, los hechos obligan
a preguntarse si, más allá de sus enfrentamientos públicos, llevan años jugando
la misma partida. Mientras un sector carga con el desgaste de sus propias
culpas, el otro aguarda su turno sin cuestionar el fondo del asunto. Afuera
fingen aborrecerse y alimentan el odio para mantener cautiva a la gente;
adentro se acomodan, negocian y se reparten cuotas de poder.
Las señales del entendimiento son abrumadoras. La
decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones contra Jorge Rodríguez,
anunciada el 14 de octubre, es un hecho político relevante en medio de las
negociaciones. A ello se suma la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de
suprimir la competencia especial de los tribunales en materia de terrorismo,
conocidos por sus críticos como «tribunales del terror». Se trata de un cambio
institucional relevante, pero no resuelve por sí solo las denuncias sobre la
utilización de esas instancias en procesos contra presos políticos ni sustituye
la revisión de las causas y la restitución de derechos. La ciudadanía necesita
garantías de que la justicia no volverá a utilizarse como instrumento de
persecución política.
Mientras tanto, siguen pendientes explicaciones
claras sobre el destino de Citgo, las decisiones relativas a su control, la
situación de Monómeros y las responsabilidades relacionadas con aquella llamada
«ayuda humanitaria», cuyo manejo merece una rendición de cuentas transparente.
Tampoco basta con guardar silencio sobre las recompensas que el Gobierno
estadounidense había anunciado contra determinados funcionarios venezolanos: es
necesario explicar qué ha ocurrido con ellas y qué vigencia tienen hoy.
Durante mucho tiempo se negó que el país
estuviera siendo subastado o que se pretendiera someterlo a intereses externos.
Algunos llegaron a aplaudir la amenaza de una intervención militar, presentada
como una «extracción». Hoy asistimos a una extracción de otra naturaleza: la de
nuestro petróleo y nuestras riquezas minerales, bajo acuerdos cuyo alcance y
beneficios para Venezuela deben explicarse con transparencia. Hubo quienes,
para demostrar que podían entenderse mejor con el tutor externo, terminaron cediendo
aquello que decían defender, sin advertir que esa conducta también los colocaba
en una posición de humillación.
Pero este festín en las alturas convive con una
realidad económica que golpea sin piedad al venezolano común. Aunque algunos
indicadores registren crecimiento, eso no basta para hablar de normalidad: el
deterioro de los ingresos y unos salarios de miseria siguen golpeando a los
hogares venezolanos. A estas dificultades se suma la crisis eléctrica, que
interrumpe las jornadas de trabajo, eleva los costos operativos y vuelve
incierta la continuidad de la producción. Según cifras de Conindustria
divulgadas en agosto, durante el segundo trimestre de 2026 las empresas
manufactureras reportaron 214 horas sin suministro eléctrico de las 488 horas
laborables del período, cerca del 44 %. Este dato revela la magnitud de un
obstáculo que no solo afecta a los ciudadanos en sus hogares, sino también a
quienes intentan mantener sus empresas en funcionamiento. No se puede aspirar a
un crecimiento sostenido ni a un desarrollo real cuando producir depende de un
servicio eléctrico inestable y de la capacidad de cada empresa para costear
alternativas de generación.
La producción nacional difícilmente podrá
consolidar una recuperación sostenida sin condiciones reales de financiamiento.
La banca pública y la privada enfrentan restricciones que limitan el crédito
productivo, y un encaje legal muy elevado reduce los recursos disponibles para
prestar a quienes trabajan, invierten y producen en el país. Sin electricidad
confiable y sin financiamiento suficiente, las posibilidades de crecimiento
quedan seriamente comprometidas. Paradójicamente, mientras el crédito
productivo sigue restringido, se promueven compras a plazos bajo el atractivo
eslogan de «cero intereses». Estas ofertas merecen examinarse más allá de la
publicidad: hay que revisar los precios, las comisiones y las condiciones del
contrato, pues el anuncio no garantiza que el financiamiento sea realmente
gratuito ni accesible. En un país de ingresos precarios, asumir compromisos que
no se pueden pagar puede poner en riesgo el presupuesto familiar y hasta el
bien adquirido. No es responsable alimentar expectativas de consumo sin
advertir sus costos reales.
En medio de este panorama, se pretende convencer
a quienes padecen estas dificultades de que las soluciones están servidas y
llegarán por la tarde. Una de las contradicciones del proceso político quedó
expuesta con la denuncia de María Corina Machado, quien afirma que Estados
Unidos la excluyó de las negociaciones que se desarrollan en Caracas entre el
Gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición. Por su parte, el
Departamento de Estado sostiene que la organización política de Machado, Vente
Venezuela, fue invitada a participar. Esta diferencia entre ambas versiones
obliga a preguntarse quiénes están decidiendo el rumbo de la transición venezolana,
a quiénes representan y qué capacidad real tiene cada sector para influir en
esas decisiones. No se trata de defender privilegios personales, sino de exigir
claridad sobre la representación política y las garantías de un proceso que
compromete el futuro del país.
La falta de información clara sobre el alcance de
los acuerdos alimenta la desconfianza. ¿Será porque reconocer sus términos
supondría asumir un alto costo político y poner en riesgo sus pretensiones de
poder? Pareciera que creen que estamos ciegos y que carecemos de memoria
histórica para recordar la abstención promovida en distintos momentos desde
2005, la promesa de hallar, en un plazo de seis meses, una salida
constitucional para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro, el «vamos bien,
pero…» y el «el que se cansa pierde». La ciudadanía ha acumulado suficientes
decepciones como para aceptar, sin preguntas, las promesas de quienes ayer le
exigían confianza y hoy vuelven a pedirle paciencia.
Cuando alguien con criterio propio denuncia estas
contradicciones, intentan desacreditarlo con etiquetas y arrebatos, exigiendo
un respeto que ellos mismos les han negado a quienes excluyen de sus agendas.
Son expresiones de lo antipolítico: prácticas que deterioran cuanto tocan y
cierran el paso incluso a las iniciativas que intentan surgir. Todo esto ha
profundizado la crisis de confianza en Venezuela y deteriorado la credibilidad
de buena parte de sus dirigentes. Pero la responsabilidad no recae únicamente
sobre quienes dirigen; también debemos preguntarnos por qué, después de tantos
desprecios y burlas, una parte de la sociedad continúa atrapada en una dinámica
que termina favoreciendo a quienes dice cuestionar. Mientras abajo nos empujan
a confrontarnos, arriba negocian y acomodan sus intereses.
Aun así, no todo está perdido. Siempre hay tiempo
para recapacitar, exigir responsabilidades y comprender que cada quien debe
responder por sus decisiones. En Venezuela existen hombres y mujeres con
pensamiento crítico y dignidad que no levantan la bandera de la confrontación
estéril ni buscan descalificar a los demás para obtener prebendas particulares.
Tampoco están dispuestos a aceptar que las riquezas nacionales se negocien a
espaldas de los ciudadanos y sin garantías claras de que sus beneficios se traduzcan
en bienestar para el país. Son hombres y mujeres que entienden la política como
un servicio y asumen como propia la responsabilidad de trabajar por el
desarrollo nacional desde los gremios, la academia, el campo, la empresa y la
comunidad. Esa visión no tiene al odio como arma de lucha; apuesta por la
convivencia, el respeto ciudadano, el nacionalismo constructivo y la libre
elección de los representantes, sin subordinación a dogmas imperialistas ni
renuncia a la soberanía nacional.
Venezuela es tierra de bendiciones, pero sus posibilidades no se materializarán por obra de acuerdos opacos ni de promesas repetidas. Sobre los hombros de una ciudadanía consciente, comprometida con la dignidad y dispuesta a ejercer su pensamiento crítico, podrá renacer una patria asentada en los valores que nos definen como nación y en un Estado al servicio de su gente.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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