EL AGUIJÓN
LA TRANSICIÓN SECUESTRADA.
Por: Arturo Molina.
Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela.
Las negociaciones entre el Gobierno
venezolano y un sector de la oposición, con la participación y el respaldo de
Estados Unidos, han abierto una nueva etapa en la discusión sobre el futuro
político del país. Después de dos rondas de conversaciones, las partes se
preparan para un nuevo encuentro el 14 de octubre, con una agenda centrada en
la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las garantías de
participación política. Sin embargo, la existencia de conversaciones y acuerdos
parciales no garantiza una transición democrática. La pregunta fundamental
sigue siendo: ¿quién garantiza que lo negociado responda al interés nacional y
no a la conveniencia de quienes participan en la mesa?
Es el ciudadano común quien ha soportado años de
crisis y las consecuencias de decisiones políticas que han debilitado la
confianza en las instituciones. Nadie se opone al diálogo ni a la búsqueda de
acuerdos para superar este estancamiento. Lo que no podemos aceptar es que se
confunda una renovación de autoridades con una transformación democrática. El
proceso para renovar el TSJ está en marcha e incluye la selección de un comité
de postulaciones y la revisión de las credenciales de los aspirantes, pero aún
falta completar el procedimiento y designar a los nuevos magistrados. La
renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), por su parte, quedó pendiente
para futuras rondas de negociación. Estos cambios pueden abrir una oportunidad,
siempre que garanticen independencia, transparencia e imparcialidad y no se
conviertan en una nueva distribución de cuotas partidistas.
Este riesgo también alcanza a los partidos
políticos. La devolución de las tarjetas electorales, por sí sola, no garantiza
su democratización ni la renovación de sus liderazgos. Es necesario que las
organizaciones recuperen su autonomía, respeten la voluntad de sus militantes y
permitan la participación de nuevas voces. La exclusión de sectores políticos y
la concentración de decisiones en grupos reducidos profundizan la distancia
entre la dirigencia y la ciudadanía. Venezuela no necesita otra repartición de
cuotas ni una alianza de cúpulas que se presente como solución nacional, sino
partidos democráticos y dirigentes dispuestos a rendir cuentas. No se trata de
quitar a unos para poner a otros, sino de cambiar las reglas y las conductas
para que el poder deje de ser un privilegio y vuelva a estar al servicio de los
venezolanos.
El entendimiento es necesario, pero no habrá una
transición democrática sólida sin justicia, reconocimiento de los errores y
responsabilidad política. No se trata de venganza, sino de que cada actor
responda por sus decisiones. La propuesta de revisar la Ley contra el Odio
obliga a preguntarnos si basta con reformarla o si es necesario derogarla para
garantizar plenamente la libertad de expresión y el pluralismo. Una democracia
no se construye imponiendo una sola visión del país, sino respetando los derechos
y garantizando la posibilidad de disentir sin temor. Tampoco podremos
reconstruir la convivencia mientras se ignoren las heridas que la confrontación
política, los abusos de poder y el deterioro de las condiciones de vida han
dejado en la sociedad venezolana.
Este escenario también obliga a examinar las
sanciones internacionales y sus consecuencias para Venezuela. Determinados
sectores de la oposición respaldaron la presión externa como mecanismo para
promover cambios políticos, mientras Estados Unidos fue ampliando sus medidas
contra el Gobierno venezolano y distintos sectores de la economía. Es necesario
evaluar con seriedad tanto las decisiones de quienes ejercen el poder como las
estrategias de quienes apostaron por esa presión, sin atribuir a un solo actor todas
las responsabilidades ni ignorar los efectos que las sanciones pueden tener
sobre la población. En la geopolítica, los intereses de cada país suelen
prevalecer sobre las afinidades ideológicas. Por eso, cualquier negociación
debe defender la soberanía, la capacidad de decisión de Venezuela y el
bienestar de sus ciudadanos. Relacionarse con otras naciones, atraer
inversiones y alcanzar acuerdos comerciales no significa entregar el futuro
nacional. La verdadera transición exige superar la subordinación a intereses
particulares, vengan de donde vengan.
La historia reciente debería servirnos de
advertencia. La división política y la lucha por conservar cuotas de poder han
debilitado la confianza ciudadana y dificultado la construcción de una
alternativa democrática sólida. Venezuela necesita acuerdos que se traduzcan en
garantías concretas, instituciones independientes y condiciones electorales que
permitan expresar libremente la voluntad popular. La transición no puede
reducirse a entendimientos entre élites ni depender exclusivamente de
decisiones externas. Debe transformar las prácticas que han debilitado nuestras
instituciones y asegurar que el poder responda a los ciudadanos. Tiene que ser
pensada, exigida y liderada por nosotros, los venezolanos.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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