EL AGUIJÓN
HORIZONTES TUTELADOS Y FALSAS SALIDAS
LA ENCRUCIJADA VENEZOLANA HACIA AGOSTO 2026.
Por: Arturo Molina.
Venezuela vuelve a situarse frente a una de esas
fechas que prometen marcar un antes y un después. El próximo primero de agosto
ha sido presentado por diversos actores nacionales e internacionales como el
inicio de una nueva etapa política. Sin embargo, cuando se disipa el entusiasmo
de los anuncios, comienzan a surgir preguntas que todavía no encuentran
respuestas convincentes. ¿Estamos realmente ante el comienzo de una transición
democrática o frente a una nueva fórmula para administrar una crisis que ya
supera dos décadas?
Las dudas no son menores. Se habla de un proceso
impulsado desde Washington, acompañado por pronunciamientos de altos
funcionarios de la diplomacia estadounidense, entre ellos el secretario de
Estado Marco Rubio. Pero más allá de los anuncios, aún persisten interrogantes
fundamentales: ¿cuál será la arquitectura institucional de esa transición?,
¿quién ejercerá realmente el poder?, ¿qué papel tendrán los ciudadanos en las
decisiones que definirán el futuro del país? Una transición no puede medirse
únicamente por la voluntad de quienes la promueven, sino por la legitimidad de
sus instituciones y por la confianza que logre despertar en la sociedad.
Desde esta perspectiva, resulta razonable
preguntarse si el objetivo inmediato consiste en propiciar una transformación
democrática profunda o, más bien, en reducir las tensiones políticas mientras
se preservan determinados equilibrios estratégicos. No sería la primera vez que
una crisis nacional es administrada antes que resuelta. La estabilidad puede
ser necesaria, pero nunca debería confundirse con la democracia.
Entre las versiones que circulan destaca la
posibilidad de crear un mecanismo extraordinario integrado por representantes
de la Asamblea Nacional electa en 2015 y de la Asamblea Nacional instalada en
2025. Si ese esquema llegara a materializarse, abriría un complejo debate
constitucional. ¿Cuál sería entonces el papel de la actual Asamblea Nacional?
¿Bajo qué fundamento jurídico operaría ese nuevo órgano? ¿Quién definiría sus
competencias y la duración de su mandato? Las constituciones existen
precisamente para evitar que los momentos de mayor incertidumbre se conviertan
en una excusa para sustituir las reglas por acuerdos circunstanciales. Cuando
las excepciones terminan reemplazando al orden constitucional, la seguridad
jurídica comienza a debilitarse y la confianza ciudadana se erosiona aún más.
Algunos sostienen que cualquier mecanismo que
contribuya a disminuir la confrontación política merece una oportunidad, aun
cuando implique fórmulas institucionales extraordinarias. Esa posición merece
ser escuchada. Venezuela necesita entendimiento y acuerdos. Sin embargo,
también es legítimo preguntarse si una transición construida al margen de
amplios consensos ciudadanos podrá ofrecer una solución duradera o si terminará
prolongando la incertidumbre bajo nuevas formas.
El contexto en el que surge esta discusión
tampoco puede ignorarse. Durante más de dos décadas, el proyecto político
impulsado por el oficialismo concentró poder, debilitó los contrapesos
institucionales y profundizó una crisis económica y social sin precedentes en
la historia contemporánea del país. El deterioro de los servicios públicos, la
emigración masiva, la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento del
Estado de Derecho son parte de una realidad ampliamente documentada por
organismos nacionales e internacionales.
Pero sería igualmente injusto atribuir toda la
responsabilidad a un solo sector. Buena parte de la oposición tampoco logró
construir una alternativa capaz de mantener unida la esperanza de los
venezolanos. Las divisiones internas, las estrategias cambiantes y las
controversias relacionadas con la administración de activos venezolanos en el
exterior deterioraron la confianza ciudadana y alimentaron la percepción de
que, con demasiada frecuencia, las disputas por espacios de poder terminaron
desplazando la construcción de un verdadero proyecto nacional.
Mientras dirigentes nacionales e internacionales
negocian fórmulas políticas, millones de venezolanos continúan enfrentando
problemas mucho más urgentes: recuperar su capacidad de compra, encontrar
empleo, garantizar la educación de sus hijos, acceder a servicios públicos
dignos o reencontrarse con familiares que emigraron. La transición que
realmente espera la sociedad no se limita a un cambio de nombres en las
instituciones; aspira a recuperar condiciones de vida, estabilidad y
oportunidades.
En medio de ese escenario existen liderazgos
comunitarios, gremiales, académicos y sociales que rara vez ocupan los
titulares. Son dirigentes que permanecen cerca de las necesidades cotidianas de
sus comunidades y que, pese al desgaste generalizado de la política, continúan
organizando iniciativas locales, promoviendo soluciones y manteniendo viva la
participación ciudadana. Allí podría encontrarse una de las principales
reservas democráticas del país.
La historia latinoamericana ofrece una enseñanza
recurrente: las transiciones construidas exclusivamente mediante acuerdos entre
élites suelen enfrentar enormes dificultades para consolidarse cuando la
ciudadanía queda relegada a un papel secundario. La estabilidad política puede
alcanzarse temporalmente, pero la legitimidad democrática requiere algo más
profundo: instituciones creíbles, participación efectiva y confianza social.
Desde luego, tampoco puede ignorarse la dimensión
geopolítica de la crisis venezolana. Su posición estratégica, sus reservas
petroleras, gasíferas y minerales, así como la competencia internacional por
recursos considerados esenciales para la economía global, convierten al país en
un espacio de interés para múltiples actores. Como ocurre con cualquier
potencia, Estados Unidos combina objetivos de seguridad, intereses económicos y
consideraciones políticas en el diseño de su política exterior. Precisamente por
ello, corresponde a los venezolanos analizar con espíritu crítico hasta qué
punto esos intereses coinciden con las necesidades de la nación.
Por esa razón, cualquier proceso de transición
debería responder, en primer lugar, al interés nacional. La cooperación
internacional puede ser valiosa, pero nunca debería sustituir la capacidad de
los venezolanos para definir su propio destino. Ninguna democracia sólida puede
edificarse sobre decisiones percibidas como ajenas por la sociedad que pretende
representar.
El primero de agosto puede convertirse en el
inicio de una oportunidad o en el comienzo de una nueva frustración. Todo
dependerá de la transparencia del proceso, del respeto a la Constitución, de la
inclusión de los distintos sectores sociales y, sobre todo, de la voluntad de
construir instituciones legítimas y sostenibles en el tiempo.
La historia demuestra que las repúblicas no
desaparecen de un día para otro. Se debilitan cuando los ciudadanos dejan de
creer que sus decisiones tienen valor y cuando las instituciones pierden la
capacidad de representar el interés colectivo. Ningún país recupera plenamente
su democracia porque otros diseñen su futuro desde una mesa de negociación. La
recupera cuando su propia sociedad asume nuevamente la responsabilidad de
construirla.
Venezuela necesita cooperación internacional,
pero no tutela; necesita acuerdos políticos, pero no repartos de poder;
necesita instituciones legítimas, pero, por encima de todo, ciudadanos capaces
de reconstruir la confianza en la República. Porque las transiciones pueden
negociarse, pero las democracias solo perduran cuando nacen de la voluntad
libre de sus pueblos.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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jarturomolina@gmail.com