EL AGUIJÓN
SUBASTA DE LA PATRIA Y MERCADEO DEL DOLOR POLÍTICO EN
VENEZUELA.
Cipayos y escombros en la administración del colapso.
Por: Arturo Molina.
El debate venezolano ha dejado de ser, para
muchos ciudadanos, una confrontación de ideas sobre el país que aspiramos
construir. Cada vez se asemeja más a una disputa por la administración de un
patrimonio en ruinas, donde la preservación de cuotas de poder parece imponerse
sobre la obligación de reconstruir la República. Lo que buena parte de la ciudadanía
percibe no es únicamente el enfrentamiento entre proyectos políticos, sino la
consolidación de una dinámica en la que sectores del oficialismo y de la
oposición han terminado normalizando el tutelaje externo, la propaganda y el
cálculo político como mecanismos de supervivencia.
La soberanía no se pierde únicamente cuando se
comprometen recursos estratégicos o se suscriben acuerdos que condicionan el
interés nacional. También se erosiona cuando quienes ejercen responsabilidades
públicas dejan de colocar en el centro de sus decisiones las necesidades reales
de la población. Para el oficialismo, las alianzas políticas y económicas
establecidas durante años han servido para garantizar su permanencia en el
poder. Para sectores de la oposición, la expectativa de que factores internacionales
resolvieran lo que no se logró construir dentro del país terminó desplazando el
esfuerzo por reorganizar el tejido ciudadano y fortalecer liderazgos con
verdadero arraigo social. En ambos casos parece imponerse una misma lógica: si
la afectación de la soberanía proviene del aliado conveniente, entonces deja de
ser motivo de denuncia para convertirse en un costo políticamente aceptable.
Esa desconexión encontró una de sus expresiones
más dolorosas tras los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026.
Mientras miles de familias enfrentaban la pérdida de sus viviendas, de sus
pequeños negocios o del patrimonio construido durante toda una vida, buena
parte de la dirigencia política concentró sus esfuerzos en disputar el relato
público de la tragedia. Los comunicados abundaron. Las declaraciones se
multiplicaron. Las promesas ocuparon titulares y redes sociales. Sin embargo,
cuando disminuyó la atención mediática, muchas comunidades continuaron
esperando respuestas concretas.
La incertidumbre no surgió únicamente por la
lentitud de la atención a los damnificados. También apareció una pregunta que
refleja el profundo deterioro de la confianza institucional: ¿llegó
realmente toda la ayuda humanitaria a quienes más la necesitaban? En
un país marcado por años de opacidad administrativa y escasa rendición de
cuentas, esa duda resulta comprensible. Cuando la ciudadanía deja de confiar
incluso en el destino de la solidaridad, el daño trasciende lo material y
comienza a fracturar los vínculos que sostienen a una sociedad.
Utilizar el sufrimiento humano como instrumento
de posicionamiento político constituye una de las formas más graves de
degradación de la actividad pública. Ninguna tragedia debería convertirse en
una plataforma para la propaganda ni en una oportunidad para capitalizar
ventajas partidistas mientras las víctimas continúan esperando respuestas.
La misma lógica parece extenderse al debate sobre
el futuro político nacional. Diversos anuncios internacionales han señalado que
cualquier proceso electoral requerirá todavía varios meses y que aspectos
sustanciales de las negociaciones solo se conocerían hacia finales de 2026.
Independientemente de la valoración que cada ciudadano haga sobre esos
anuncios, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto las prioridades de los
venezolanos coinciden con los tiempos y los intereses de quienes participan en
esas negociaciones.
La cooperación internacional puede desempeñar un
papel importante cuando facilita el diálogo, impulsa la recuperación económica
o acompaña procesos institucionales. Sin embargo, ninguna ayuda externa puede
sustituir el derecho de los venezolanos a decidir soberanamente el rumbo de su
país. Cuando las urgencias nacionales —la recuperación del salario, la
reconstrucción de las zonas afectadas, la generación de empleo, el
restablecimiento de los servicios públicos o la recuperación institucional—
quedan relegadas frente a intereses geopolíticos o cálculos electorales ajenos,
la percepción de pérdida de soberanía se profundiza.
Esta realidad también desnuda la crisis de
representación que atraviesan numerosas organizaciones políticas. Durante años,
buena parte de la dirigencia, tanto oficialista como opositora, fue alejándose
de sus bases sociales. En lugar de formar nuevos liderazgos, fortalecer las
organizaciones ciudadanas o promover el debate de ideas, muchas estructuras
terminaron dependiendo de figuras providenciales, alianzas coyunturales o
respaldos externos. El resultado ha sido una ciudadanía cada vez más distante
de quienes dicen representarla.
Mientras el país enfrenta inflación, deterioro
salarial, servicios públicos deficientes y una reconstrucción todavía
incompleta tras los terremotos, el debate político continúa concentrándose, con
demasiada frecuencia, en la confrontación simbólica. Esa desconexión alimenta
la percepción de que las prioridades de la dirigencia no siempre coinciden con
las prioridades de la gente.
Recordaba José Ingenieros que la mediocridad
suele instalarse allí donde desaparece el compromiso ético. Quizás esa
reflexión ayude a comprender parte del momento venezolano. Cuando el
pragmatismo sustituye los principios y el poder se convierte en un fin en sí
mismo, la tragedia colectiva corre el riesgo de transformarse en un simple
recurso discursivo y la administración de la crisis termina siendo más rentable
que su solución.
Sin embargo, el verdadero desafío no consiste
únicamente en sustituir una élite por otra. La reconstrucción democrática exige
mucho más que un cambio de nombres. Requiere ciudadanos organizados,
instituciones sometidas al escrutinio público, transparencia en el manejo de
los recursos, partidos capaces de reencontrarse con la sociedad y una cultura
política donde la soberanía deje de ser una consigna para convertirse en una
práctica cotidiana.
La Venezuela que emerja de esta larga crisis
dependerá, en buena medida, de la capacidad de sus ciudadanos para dejar de
delegar su destino en salvadores providenciales, tutores extranjeros o
dirigencias desconectadas de la realidad nacional. Ninguna negociación será
suficiente si la sociedad no recupera el protagonismo que durante demasiado
tiempo ha cedido a quienes hicieron de la crisis un espacio de administración
del poder.
Después de tantos años de confrontación,
millones de venezolanos ya no aspiran a victorias sobre otros venezolanos.
Aspiran, sencillamente, a recuperar una vida digna. Queremos vivir bajo nuestro
propio techo sin dañar el de nadie; construir un país donde el trabajo honesto
vuelva a ser el camino para progresar, donde la inversión privada genere
oportunidades de crecimiento, donde existan reglas claras para todos, donde el
Estado garantice seguridad jurídica y donde el respeto sustituya
definitivamente al miedo, al odio y al resentimiento como fundamento de nuestra
convivencia. Venezuela necesita abrirse al mundo, fortalecer su aparato
productivo, atraer inversiones nacionales e internacionales y consolidar
alianzas económicas que impulsen el desarrollo, pero siempre desde relaciones
de cooperación que respeten nuestra soberanía, nuestra capacidad de decisión y
la dignidad de nuestra gente.
Porque la verdadera soberanía no comienza
cuando cambian los gobernantes. Comienza cuando los ciudadanos recuperan la
convicción de que el país no está en venta, que el dolor de su gente no puede
convertirse en mercancía política y que la reconstrucción de Venezuela solo
será posible si nace de una ciudadanía consciente, vigilante, responsable y
comprometida con el bien común. Esa es la Venezuela que merece reconciliarse
consigo misma para volver a mirar el futuro con esperanza.
Arturo Molina.
@jarturomolina1
www.jarturomolina1.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com