EL AGUIJÓN
EL LABERINTO DE LA DIGNIDAD.
TERRITORIO, SEGURIDAD Y DESMANTELAMIENTO INSTITUCIONAL.
Por:
Arturo Molina.
Salir de casa para trabajar, llevar a un hijo a
la escuela o simplemente caminar por las calles del municipio debería ser un
acto cotidiano, no un ejercicio permanente de incertidumbre. Sin embargo, para
millones de venezolanos esa realidad se ha transformado en una prueba diaria
donde el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y la pérdida de
confianza en las instituciones condicionan la vida de las personas. Allí
comienza, silenciosamente, el verdadero laberinto de la dignidad.
Durante años se nos ha querido convencer de que
debemos acostumbrarnos a convivir con la precariedad, aceptar como normal el
deterioro de nuestras ciudades y resignarnos a que los espacios públicos dejen
de pertenecer al ciudadano para convertirse en escenarios de control político.
Esa transformación no ha sido producto del azar. Es el resultado de un proceso
en el que numerosas instituciones fueron alejándose progresivamente de su
misión de servir al bien común para responder, cada vez más, a intereses de poder.
Comprender la profundidad de esta realidad exige mirar más allá de sus efectos
cotidianos y analizar cómo ha sido desmontada, de manera progresiva, la
estructura institucional que debía garantizar la vida democrática desde su
nivel más cercano: el municipio.
El municipio no nació como una simple división
administrativa. Fue concebido como la célula fundamental de la organización
política del Estado, el espacio donde el ciudadano puede participar
directamente en la solución de los problemas de su comunidad y donde los
servicios públicos deberían responder con mayor eficiencia a las necesidades
colectivas. Allí comienza la democracia cotidiana. Sin embargo, durante las
últimas décadas ese modelo fue sustituido progresivamente por estructuras
paralelas que, bajo distintos mecanismos de control político, desplazaron
competencias constitucionales de gobernaciones y alcaldías. Más que fortalecer
la gestión pública, estas instancias debilitaron la autonomía local y
consolidaron un modelo profundamente centralizado, donde las decisiones dejaron
de responder a las necesidades de las comunidades para depender cada vez más de
intereses políticos.
Cuando un municipio pierde la capacidad de
decidir sobre sus propios recursos, administrar sus servicios y planificar su
desarrollo, las consecuencias no tardan en hacerse visibles. Las calles
permanecen deterioradas, el alumbrado público deja de funcionar, la recolección
de desechos se vuelve irregular y el espacio urbano comienza a reflejar el
abandono institucional. Pero el daño más profundo no es únicamente material:
también se rompe la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a
protegerlo. Uno de los ejemplos más preocupantes de esta distorsión puede
observarse en el ámbito de la seguridad ciudadana. La función esencial de
cualquier cuerpo policial consiste en proteger la vida, garantizar el orden
público y generar confianza en la población. Esa es la razón por la cual el
Estado destina recursos para su formación, equipamiento y funcionamiento.
Sin embargo, cuando las policías municipales
operan con presupuestos insuficientes o sometidas a mecanismos de
financiamiento que desvirtúan su misión, las prioridades comienzan a
invertirse. El ciudadano deja de percibir al funcionario como un servidor público
y empieza a verlo como un potencial sancionador. En demasiadas ocasiones, los
esfuerzos parecen concentrarse en la imposición de multas derivadas del propio
deterioro de la infraestructura urbana (baches, señalización deficiente o vías
mal mantenidas) mientras la delincuencia continúa afectando la tranquilidad de
numerosas comunidades.
No se trata de cuestionar la aplicación de la ley
ni la necesidad de hacer cumplir las normas de tránsito. Se trata de
preguntarnos si el propósito de la autoridad sigue siendo proteger al ciudadano
o si, por el contrario, la recaudación termina ocupando un lugar que jamás
debería sustituir la verdadera función preventiva de los cuerpos de seguridad. La
dignidad de una sociedad no se mide únicamente por el crecimiento de su
economía o por la estabilidad de sus instituciones. También se refleja en la
manera como el Estado trata a sus ciudadanos. Cada funcionario que actúa con
vocación de servicio fortalece la confianza pública; cada abuso de autoridad,
por pequeño que parezca, erosiona silenciosamente el pacto de convivencia sobre
el cual descansa toda democracia.
Cuando la autoridad pierde legitimidad ante los
ojos de la sociedad, también se debilita la convivencia. El ciudadano deja de
colaborar, aumenta la desconfianza hacia las instituciones y la relación entre
el Estado y la comunidad comienza a construirse sobre el temor en lugar del
respeto. Ninguna democracia puede consolidarse cuando sus instituciones son
percibidas como instrumentos de presión y no como garantes de derechos. Las
consecuencias trascienden incluso el ámbito político. Ningún municipio puede
aspirar a atraer inversiones, generar empleo o impulsar el desarrollo económico
cuando predominan la inseguridad jurídica, el deterioro de los servicios y la
incertidumbre institucional. Del mismo modo, miles de venezolanos no abandonan
únicamente su país por razones económicas; muchos también emigran porque
sienten que el Estado ha dejado de ofrecer las condiciones mínimas de
protección, estabilidad y oportunidades para construir un proyecto de vida.
La recuperación de Venezuela exige una discusión
seria sobre el rediseño institucional del territorio. Recuperar el Estado de
derecho implica devolver competencias reales a gobernaciones y alcaldías,
fortalecer la descentralización prevista en la Constitución, profesionalizar
los cuerpos policiales y garantizar presupuestos suficientes que permitan
atender las necesidades de las comunidades sin subordinarlas a intereses
políticos circunstanciales. Defender el municipio es, en realidad, defender la
democracia desde su base más cercana al ciudadano. Allí se construye la
participación, la convivencia y la confianza pública. Allí comienza también la
posibilidad de recuperar una República donde la autoridad vuelva a estar al
servicio de la gente y no al servicio del poder.
Rendirse nunca será una opción para quienes creemos en la paz, el trabajo honrado y la convivencia democrática. Las transformaciones profundas no nacen de la improvisación, sino del reconocimiento honesto de los errores institucionales y de la voluntad colectiva para corregirlos. Recuperar la dignidad de Venezuela pasa por reconstruir sus instituciones, devolverles fuerza a sus municipios y restablecer una relación de confianza entre el Estado y el ciudadano. Solo entonces dejaremos de recorrer el laberinto y comenzaremos, juntos, el camino hacia una República verdaderamente libre, democrática y al servicio de su gente.
Arturo
Molina
@jarturomolina1
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